En un nuevo golpe al bolsillo de los y las migrantes, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) anunció el aumento de las tarifas para realizar trámites migratorios.
El nuevo pliegue tarifario estará vigente a partir del 5 de junio del 2018. Desde que asumió el gobierno de Cambiemos, la tarifa para tramitar la residencia temporal o permanente se incrementó en un 900%, pasando de $300 en 2016 a $3000 en 2018 para los Estados asociados al Mercosur y de $600 a $6000 para ciudadanos y ciudadanas de Estados extra Mercosur.
En el caso de las personas originarias de Estados no asociados al Mercosur, que incluye migrantes de África, Centroamérica y el Caribe, deben renovar su residencia temporaria anualmente hasta completar un periodo tres años, por lo que la obtención de la residencia permanente representa un gasto cercano a los $18.000. En el caso de los países del Mercosur, en que la migración puede darse además en grupos familiares, el monto también alcanza cifras excluyentes.
Esta medida se enmarca tanto en el pliegue de tarifazos con en el que el gobierno busca reducir el gasto público cargándolo directamente en la población, como en el cambio de enfoque de la política migratoria que impulsa Cambiemos y que tiene como su principal antecedente la aprobación del Decreto de Necesidad de Urgencia, DNU 70/2017.
Este tipo de políticas que castigan la migración han fracasado en todas partes del mundo, pues quien quiera venir seguirá haciéndolo incluso si eso implica correr más riesgos y un mayor esfuerzo, tanto emocional como económico. Así, lejos de desincentivar la migración, este tipo de medidas generan mayor precarización laboral, dificultando las posibilidades de las y los migrantes de obtener trabajo digno y seguridad social.
Entre otros efectos en la economía y la vida de migrantes, se encuentran las dificultades para llevar a cabo trámites como el alquiler de vivienda y la obtención de algunos servicios públicos y privados. Por otra parte, aumenta la posibilidad de expulsiones o detenciones en la frontera. La medida también considera un costo de $9000 como penalización para quienes quieran salir del país con el documento vencido. Un monto exorbitante y prácticamente imposible de pagar para buena parte de la comunidad migrante.
Desde el Bloque de Trabajadorxs Migrantes hicieron un llamado a la DNM para retroceder en estas tarifas y garantizar montos accesibles. Así mismo, mantuvieron en pie el llamado a los trabajadores y trabajadoras y a las distintas organizaciones sociales y de derechos humanos a incorporar la problemática migrante y la consigna anti xenofobia en la agenda de lucha contra el ajuste, los tarifazos y la precarización de la vida.